El Gobierno ha aprobado el aplazamiento de la entrada en vigor del sistema VeriFactu mediante el Real Decreto-ley 15/2025, que modifica el Real Decreto 1007/2023, regulador de los requisitos de los sistemas informáticos de facturación utilizados por pymes y autónomos.
La medida responde a una necesidad clara: asegurar una implantación ordenada, homogénea y técnicamente viable, evitando una adaptación precipitada que pudiera generar problemas tanto a empresas como a proveedores de software.
No es un paso atrás: VeriFactu sigue adelante
El Real Decreto-ley es claro en su enfoque: el aplazamiento no elimina la obligación ni rebaja las exigencias del sistema.
VeriFactu sigue siendo una herramienta clave dentro de las medidas de lucha contra el fraude y la economía sumergida, especialmente frente al uso de software de doble uso. Sus objetivos se mantienen intactos:
Mayor control sobre los procesos de facturación
Garantía de integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros
Facilitación del cumplimiento de las obligaciones tributarias
Lo que cambia no es el “qué”, sino el “cuándo”.
Más tiempo para adaptarse… y hacerlo bien
Desde una perspectiva empresarial, el nuevo calendario convierte los próximos meses en una oportunidad estratégica. No se trata de esperar, sino de aprovechar el margen adicional para:
Revisar procesos internos de facturación
Modernizar sistemas sin prisas ni riesgos
Formar a los equipos con antelación
Probar soluciones y ajustar flujos de trabajo
Mejorar el control y la fiabilidad de la información
Este enfoque reduce el impacto del cambio y transforma una obligación legal en una mejora operativa real.
Adelantarse marcará la diferencia
Cuando VeriFactu sea obligatorio, no todas las empresas estarán en el mismo punto. Algunas llegarán con cambios de última hora; otras llevarán tiempo trabajando con sistemas adaptados y procesos optimizados. El aplazamiento permite elegir en qué grupo estar. Anticiparse significa menos estrés, menos errores y más eficiencia.
Nuevo calendario oficial: fechas claras y definitivas
Con esta modificación, el calendario de obligatoriedad de VeriFactu queda fijado de forma definitiva:
1 de enero de 2027: empresas contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades
1 de julio de 2027: resto de empresas y autónomos
Estas fechas aportan algo muy relevante: seguridad jurídica y capacidad real de planificación. Ya no hay incertidumbre sobre cuándo será obligatorio, lo que permite tomar decisiones con criterio y sin urgencias.
VeriFactu se aplaza… pero la ventaja es para quien se adelanta
El Real Decreto-ley no frena la digitalización ni debilita la normativa antifraude. Al contrario: la refuerza, dándole el tiempo necesario para que su implantación sea sólida y útil para el tejido empresarial.
Para pymes y autónomos, el mensaje es claro: hay más plazo, sí, pero también más oportunidad para prepararse mejor y ganar ventaja.
En este contexto, contar con un proveedor preparado marca la diferencia. Nuestro software ya está adaptado a VeriFactu conforme a los plazos y requisitos que marca la ley, lo que permite a empresas y profesionales avanzar desde ahora con total seguridad y sin esperar al último momento.
Porque cuando el cumplimiento sea obligatorio para todos, quienes se hayan anticipado no solo cumplirán: trabajarán mejor, con sistemas probados y procesos consolidados.
